Inician investigación por abuso sexual e imponen medidas cautelares para resguardar a la víctima

Policiales 05 de octubre de 2021 Por Marcela Barrientos
Los abusos se produjeron cuando la joven tenía entre 14 y 15 años de edad, en forma continuada y ejerciendo violencia física, cuando su madre, en ese entonces pareja del acusado, se encontraba bañándose o durmiendo.
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En una audiencia de formulación de cargos realizada ayer mediante videoconferencia, la funcionaria de la fiscalía Lucila Maggiora acusó a un hombre, R.A.E, por abusar sexualmente de la hija de su expareja en la ciudad de San Martín de los Andes. Además, requirió que se le impongan medidas cautelares para resguardar a la víctima.

El delito que la representante del Ministerio Público Fiscal le atribuyó es abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido aprovechando la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad, cometido en forma continuada, en calidad de autor (Artículo 119 cuarto párrafo, inciso f; en función del artículo 119, tercer párrafo y artículo 45 del Código Penal).

Con el objetivo de resguardar la integridad de la víctima y su familia, Maggiora requirió que se impongan medidas cautelares por el término de cuatro meses. La restricción requerida fue la prohibición absoluta de tener cualquier tipo de contacto, ya sea personal, telefónico o por cualquier medio, con la víctima.

La teoría del caso que investiga la fiscalía es que los hechos ocurrieron en fechas indeterminadas, entre fines de marzo de 2020 y enero de 2021, en una vivienda de la localidad de San Martín de los Andes. Los abusos se produjeron cuando la joven tenía entre 14 y 15 años de edad, en forma continuada y ejerciendo violencia física, cuando su madre, en ese entonces pareja del acusado, se encontraba bañándose o durmiendo.

José Luis Espinar, defensor de los derechos del niño y el adolescente que intervino como querellante institucional en representación de la víctima, adhirió al requerimiento de la fiscalía en todos sus términos.

El juez de garantías encargado de dirigir la audiencia avaló el requerimiento de la fiscalía y tuvo por formulados los cargos en los términos solicitados. Además, el magistrado fijó el plazo para realizar la investigación en cuatro meses, el mismo que determinó para las medidas cautelares.

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