Los fundamentos toman como referencia un informe realizado por la organización MuMalá que advierte que, al 28 de febrero pasado, se produjeron 47 femicidios en lo que va de 2021, lo que equivale a una mujer asesinada cada 30 horas. Y remarca que el 9% de mujeres víctimas de femicidios había denunciado a su agresor, el 19% tenía orden de restricción de contacto o perimetral y el 4% disponía botón antipánico.

También mencionan un informe estadístico publicado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que indica que las comunicaciones recibidas mensualmente durante 2020 en la línea 144 que brinda atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia por razones de género, siempre superaron a las de 2019, a partir de los efectos del ASPO.

“La violencia de género y la violencia familiar no van a erradicarse sin que el estado aborde estas problemáticas de forma sistémica, integral y con el anclaje normativo de los institutos jurídicos específicos capaces de proteger a las víctimas”, sostienen quienes firman la iniciativa. 

El proyecto (14144) ingresó por Mesa de Entradas el 10 de marzo y lleva las firmas de Ayelén Quiroga, César Gass, Luis Aquín y Lucas Castelli.